Se realizó una misión de especialistas con distintas disciplinas académicas, pertenecientes a distintos sectores sociales y que conforman diversas comunidades de pensamiento y acción, de orden local, nacional e internacional, emprendieron este ejercicio colectivo como clara muestra de que el caso de la presa El Zapotillo no sólo afecta a las comunidades de Temacapulín, Acasico, Palmarejo y en general a toda la región de los Altos de Jalisco, sino que representa una de las más serias preocupaciones que se debaten a escala global: el futuro del agua y la sustentabilidad del medio ambiente.
Los resultados y conclusiones de esta misión fueron las siguientes:

 1)    ¿En contra de qué nos manifestamos?

Con este comunicado queremos, en primer lugar, manifestarle a la sociedad en general que nuestro objetivo central es contribuir a que se tomen las decisiones más adecuadas en beneficio de las y los mexicanos, con estricto apego a los derechos fundamentales de los pueblos, reconociendo de manera particular su derecho a autorepresentarse y a intervenir en el diseño, implementación y evaluación de los proyectos económicos, sociales y políticos que les afecten, así como la libre participación –en todos los niveles- en el proceso de toma de decisiones en los asuntos que les conciernen. Buscamos que las soluciones que se pongan en práctica, tengan una perspectiva de largo plazo y se orienten hacia la gestión sostenible de los bienes comunes esenciales.

Desde esta perspectiva es que podemos afirmar que la construcción de presas como la de El Zapotillo, más que una solución, representan un retraso de varias décadas en la implementación de medidas efectivas que ofrezcan soluciones de largo aliento que garanticen el abastecimiento de agua de todas y todos los ciudadanos sin que en el proceso se violenten los derechos de las minorías. Aunque parezcan resolver algunas necesidades en el corto plazo, las presas no son una solución duradera ni responsable porque se limitan a entender el agua como un objeto físico y no como un derecho humano y un elemento fundamental de un complejo sistema de bienes comunes, sociales, económicos, culturales y territoriales. Las alteraciones físicas que traen consigo este tipo de presas, generan graves impactos para los sistemas hídricos, para la actividad humana que depende de ellos y para el resto de los seres vivos. En este sentido, vemos con gran preocupación que la forma en que se toman las decisiones en este tema en el país y en el estado de Jalisco, carecen de los estudios suficientes para evaluar integralmente los beneficios y las afectaciones que este tipo de proyectos suponen para toda la población en el largo plazo. En general, en el proceso de toma de decisiones se obvian los instrumentos de gestión ambiental sostenible desarrollados a partir de las experiencias locales e internacionales, y que se encuentran ya en la legislación mexicana.

Las evidencias reunidas en torno al caso de la presa El Zapotillo, revelan que dicha propuesta no se deriva de un estudio exhaustivo de alternativas para garantizar el abasto de agua para la población a lo largo del tiempo. El proyecto se concibe únicamente a partir de la necesidad de abastecer de agua a un sector industrial del estado de Guanajuato, y para legitimarse ante la población jalisciense, modifica sus características con el fin de prometer el abasto de agua para la región de los altos y el Área Metropolitana de Guadalajara, e incrementa con ello las afectaciones a las poblaciones aledañas y a todas las actividades productivas de la región de los Altos de Jalisco.

Al no poder sustentarse desde una perspectiva integral las soluciones técnicas que ofrece El Zapotillo, y por responder prioritariamente a intereses privados y no públicos, este proyecto ha incurrido en una larga serie de inconsistencias técnicas y administrativas, de violaciones a los derechos humanos y de desacatos a resoluciones de orden jurídico, que han sido ampliamente documentadas y difundidas por el Comité Salvemos Temacapulín, Acasico y Palmarejo, organizaciones de la sociedad civil y por la academia desde el 2008.

El Poder Judicial emitió diversas sentencias que ordenan la suspensión definitiva de los trabajos más allá de lo establecido en el convenio original. De conformidad con la sentencia 93/2012 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación las autoridades están obligadas a no rebasar la altura de la cortina a 80 metros so pena de incurrir en desacato, con las consecuencias legales que ello conllevaría.

Todo lo anterior motivó la conformación de este equipo para observar el estado que guardan los trabajos inherentes a la construcción de la presa El Zapotillo, y cuyo informe presentamos a continuación:

2)    ¿Qué observamos en esta misión multidisciplinaria?

En el recorrido de campo realizado en el marco de la TemaCaravana que se llevó a cabo el pasado 31 de mayo y 1° de junio hemos observado lo siguiente:

a) Un dispositivo de seguridad implemetado por elementos armados de la Policía Federal para evitar el acceso a las instalaciones en donde se realiza la obra de construcción de la cortina de la presa. Nos preocupan estas manifestaciones de una política de criminalización de la protesta social que con frecuencia conduce a la represión e incluso la desaparición y asesinato de líderes sociales en México. A pesar de haber solicitado con oportunidad los permisos correspondientes, el oficial al que se le solicitó el ingreso dijo desconocer la existencia de cualquier respuesta sobre el permiso de acceso solicitado.

b) A pesar de que la SCJN ordenó la suspensión de los trabajos al llegar a los 80 metros de altura de la cortina, apreciamos que no han empezado los trabajos de remate de la misma y de los vertedores de excedentes, lo que nos genera una grave preocupación de que mantengan la decisión de conservar la altura proyectada que es de 105 metros, en desacato a la mencionada sentencia. Por lo que exhortamos a la autoridad responsable a que realice un peritaje independiente para determinar la altura actual de la cortina.

c) También fue posible observar a simple vista la diferencia en color y compactación de los materiales utilizados para la construcción de la cortina de la presa, lo que levanta serias dudas sobre la calidad de la obra y su supervisión. Esto con base en que los últimos días hemos sabido que la empresa La Peninsular tuvo que demoler 1,466 m³ de la cortina debido a que una de las capas de cemento que se colocaron no cumplió con las características y los parámetros técnicos establecidos, aunado a que uno de los principales constructores, la empresa española FCC, ha enfrentado cargos por corrupción en su país de origen. Lo anterior abre las posibilidades de que la obra constituya un riesgo a la seguridad de la población y de la actividad económica en la región.

d) En un recorrido por el cauce del río Verde en las inmediaciones del sitio de construcción, pudimos constatar el saqueo de materiales y la fuerte alteración que sufre actualmente el río por la extracción de piedra y arena avalada por permisos expedidos por la CONAGUA, los cuales han impedido -con el uso de la fuerza pública- que la comunidad local intervenga para participar en la conservación de sus bienes comunes.

e) Al visitar la zona propuesta para la reubicación de los habitantes de las comunidades afectadas por la construcción de la presa, constatamos nuevamente la presencia de cuerpos de seguridad, en este caso privada, que impidieron el paso a las y los integrantes de esta misión y a miembros de las comunidades locales que nos acompañaban. Pudimos apreciar, sin embargo, lo que en su momento reportó el Relator de Alimentación de la ONU, Oliver De Schutter en su visita al sitio durante el pasado mes de junio de 2011, sobre la violación al derecho a la alimentación, y que tiene que ver con la mala calidad de los suelos y las significativas diferencias climáticas para la producción de alimentos, en comparación con las que ofrece el entorno actual de las comunidades que resultarían afectadas, violando su derecho humano a la alimentación.

f) Constatamos que este predio no cumple con las características de reparación integral que el Estado debería ofrecer a la comunidad desplazada porque no garantiza un entorno que, en términos patrimoniales, simbólicos, climáticos, culturales, sociales, urbanos y económicos, mejore o iguala sus condiciones actuales de vida.

g) En términos generales, lo que se observa es una intrincada red de instituciones privadas y del Estado en sus distintos órdenes, operando en el territorio de espaldas a los sectores sociales que proponen alternativas, exigen transparencia y reclaman sus derechos humanos a la vida, a la salud, a la alimentación, al agua, a la vivienda, a la identidad, a la consulta y a la participación democrática e informada, entre otros derechos, todo ello en perjuicio al patrimonio cultural y ambiental de los pueblos. Insistimos en la necesidad de que las autoridades responsables y las empresas constructoras -nacionales e internacionales- de este tipo de proyectos respeten el estado de derecho pues es justamente la legalidad lo que garantiza la paz social y la seguridad jurídica que las minorías necesitan para vivir con dignidad en un Estado que se pretende democrático.

h) Finalmente, hemos constatado que la experiencia y los saberes que se han generado en estos últimos 9 años por parte de la comunidad y de diversas organizaciones sociales y académicas que se han solidarizado con su causa, son dignos de ser tomados en cuenta y de ser escuchados para la construcción de soluciones  de fondo y de largo plazo, en beneficio de la población en general.

Quienes contamos con años de trabajo y estudiado el manejo de los bienes comunes, la sustentabilidad ambiental y el desarrollo regional, sabemos que la Comisión Nacional del Agua ha sido históricamente una caja obscura. Lo que llama poderosamente la atención en este caso, es que ahora recurre a las fuerzas públicas para mantener la secrecía de sus operaciones. El problema de agua que enfrentamos ahora y hacia el futuro es tan grave, que estamos comenzando a ver a los cuerpos policíacos custodiar los intereses particulares que se generan alrededor del agua.

Hemos constatado cómo la división entre  poderes del gobierno federal se desvanece en la defensa que hace el Ejecutivo de los intereses de ciertos actores de la iniciativa privada, conformando un aparato de estado monolítico, que desestima a conveniencia al Poder Judicial, y que opera con criterios poco transparentes y violando sistemáticamente los derechos de la población a aprovechar de los bienes comunes.

La lógica extractivista del Gobierno Federal, expresada en el Programa Nacional de Infraestructura, nos habla de un sistema de privatización de los bienes naturales, a partir de las concesiones a empresas privadas para su explotación.

3) Sobre el proceso judicial

Las autoridades locales, en una clara alineación con la estrategia nacional, han perdido sus capacidades de interlocución, al cerrarse a los conocimientos y alternativas que se construyen desde la sociedad, con lo que evaden su responsabilidad y permiten que el destino de nuestros bienes se discuta en las oficinas de las empresas privadas y de los altos funcionarios gubernamentales.

Esta Comisión de Observación, pudo constatar que la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) y las empresas constructoras, no han emprendido las acciones jurídicas y administrativas necesarias para dar cumplimiento tanto a la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como a las suspensiones definitivas y provisionales recientemente obtenidas en juicios de amparo por la comunidad.

Existen sentencias y suspensiones judiciales que obligan a las autoridades responsables a parar la construcción de la presa El Zapotillo y no rebasar los 80 metros de altura. Es urgente dar cumplimiento a esta determinación jurídica, de lo contrario estaríamos en desacato de una orden judicial con implicaciones penales y administrativas que van desde la destitución, la separación del cargo, incluso la cárcel, además de que no se cuenta con los permisos y convenios necesarios para continuar la obra.

Por lo que en ese sentido demandamos:

1. Al Presidente Enrique Peña Nieto, demostrar la voluntad política para cumplir con las órdenes judiciales, respetar los derechos humanos y la sustentabilidad, dejando de lado la política extractivista que tiene consecuencias irreparables al medio ambiente y los derechos de los pueblos.

2. A la Comisión Nacional del Agua, acatar la sentencia de la SCJN y dar cumplimiento inmediato a las órdenes judiciales y suspender de manera definitiva la Presa El Zapotillo, para dar paso a la reestructuración del proyecto que respete los derechos humanos de los pueblos afectados. Asimismo, debe asegurar la realización de un peritaje independiente que constate cuál es la altura actual de la cortina de la obra de El Zapotillo.

3. A la Comisión Nacional de Derechos Humanos,  iniciar de oficio una nueva investigación sobre las flagrantes violaciones de los derechos humanos que se están cometiendo contra los habitantes de los pueblos afectados, así como el daño ocasionado a la Región de los Altos.

4. A la Suprema Corte de Justicia de la Nación, investigue los hechos que han dado pie al incumplimiento de la Sentencia de la Controversia Constitucional 93/2012, y ordene una inspección al sitio de construcción en presencia de los pobladores como afectados directos del incumplimiento de las autoridades señaladas como responsables.

5. Al Congreso del Estado de Jalisco, le exigimos dé seguimiento a la Controversia constitucional, pida informes sobre su cumplimiento y se pronuncie por escrito respecto de las medidas que tomará para denunciar el defecto o incumplimiento a la sentencia.

6. Al Gobernador Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, le recordamos que como mandatario de Jalisco, tiene la obligación constitucional de velar por los intereses de los habitantes del estado de Jalisco y por lo tanto, tiene responsabilidad política, social y jurídica respecto a las violaciones de los derechos fundamentales que por acción u omisión se cometan en contra de las poblaciones afectadas.

7. Al Observatorio Ciudadano del Agua: Le pedimos que una de sus primeras tareas que debe emprender de manera urgente, es transparentar las condiciones en las que se sigue imponiendo la construcción de la Presa El Zapotillo, así como proponer alternativas de gestión integral del agua.

8. Al Municipio de Cañadas de Obregón: Que mantenga su posición de no otorgar el cambio de uso de suelo a 105 metros, que cumpla con la orden del Tribunal Administrativo del Estado de Jalisco de mantener clausurado el sitio de Talicoyunque, pues su desacato también tiene implicaciones penales y administrativas.

9. A las autoridades europeas, en particular al Parlamento Europeo y a su representación en México, dado que las empresas extranjeras involucradas en el proyecto tienen sus casas matrices en territorio europeo, que contribuyan al monitoreo de la conducta empresarial y profesional de dichas empresas en territorio mexicano. Se espera que estas empresas respeten los mismos criterios que les son aplicados en territorio europeo.

ATENTAMENTE COMO PARTE DE LA MISIÓN

José Esteban Castro

Profesor – Investigador de la Universidad Newcastle, Inglaterra

Coodinador de la Red Waterlat

Gustavo Lozano Guerrero

Profesor Investigador de la Universidad Iberoamericana León

Luis Gabriel Torres González

Profesor Investigador del CIESAS

Salvador Peniche Camps

Profesor Investigador del Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas de la Universidad de Guadalajara

Héctor Castañón Reyes

Red de Especialistas en Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable –LEAD Internacional

Miguel Ángel Casillas Báez

Doctorando Investigador del CIESAS

Alberto Solís Castro

Coordinador de Procesos Servicios y Asesoría para la Paz

Alicia Carriquiriborde

Fian Internacional Sección Mexicana – Espacio DESC

Francisco Cravioto Lagos

Fundar, Centro de Análisis e Investigación

Verónica Juárez Piña

Diputada Federal por Jalisco Partido de la Revolución Democrática (PRD)

Olivia Rubio Rodríguez

Asesora Jurídica de la Comisión de Derechos Humanos del Senado y representante de la Senadora Angélica de la Peña

Salvador Zamora Zamora

Diputado local de Movimiento Ciudadano

Olga Araceli Gómez Flores

Regidora de Ocotlán Partido de la Revolución Democrática (PRD)

Alfonso Iñiguez Pérez

Delegado de Temacapulín, Jalisco

Laura Guzmán Gutiérrez

Regidora Municipal por Temacapulín, Jalisco

Emilio Jáuregui Ruvalcaba,

Regidor Municipal por Temacapulín, Jalisco